La fiscal Itziar Soly solicitó la elevación a juicio de la causa que se sustancia contra Gabriel Limardo por defraudación a la administración pública, que generó al Estado rionegrino un perjuicio económico que excedió los $750.000. En el requerimiento pide además que se juzgue a tres personas como partícipes necesarias del delito endilgado.

El hecho se denunció en mayo del 2014 por Lo Principal, luego que varias victimas, que cobrabán con presuntas funcionarias denunciarán el hecho y al gobierno no le quedó otra que reconocer lo que pasaba y separar al funcionario del cargo

Al ex Director de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno de Río Negro, se le imputa habercometido fraude en perjuicio de la Administración Pública Provincial en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Asimismo, Olga Asaroff, Myrian Mamani y Silvana Traipe son consideradas, según la requisitoria fiscal, como partícipes necesarias del fraude mencionado.

Consta en los resultados de la etapa de instrucción encabezada por la titular de la Fiscalía que investiga delitos contra la administración pública, que en el año 2013 Limardo, cumpliendo funciones de Director de Recursos Humanos de la cartera de Gobierno, adulteró tres decretos gubernamentales (N° 416, 417 y 418) nombrando a las mencionadas mujeres en distintos cargos del Servicio Penitenciario Provincial por los que cobraron haberes falsos sin contraprestación alguna durante más de nueve meses. Esos documentos fueron confeccionados sobre otros que ninguna relación tenían con el nombramiento de cargos jerárquicos ni con las mujeres implicadas.

Destaca la fiscal que “con esas fotocopias falsas, Limardo habría engañado al personal de la dirección a su cargo, haciendo registrar el empleo de dichas personas, en cargos inexistentes y sin contraprestación, comenzando a percibir haberes desde abril de ese año” y causando un perjuicio al erario público de $751.660.

Es allí donde comienza la responsabilidad de las mujeres que suscribieron formularios de apertura de cuentas sueldo y recibieron las respectivas tarjetas de débito percibiendo a partir de ese momento los haberes ilegítimamente depositados durante nueve meses y medio.

Cabe recordar que la causa mencionada se inició por una denuncia realizada por el Ministro de Gobierno del Gobierno, Luis Di Giácomo que se sustenta con diversas pruebas entre las que se cuentan declaraciones testimoniales, pericias contables y documental varia, entre otra, aquella recuperada a través de distintos allanamientos realizados.