Según indican Concejales, Legisladores y los propios trabajadores durante 2016 la minera tuvo mucha actividad, sin embargo eso no se tradujo en el pago de montos adeudados ni en reinversión productiva.

Por el contrario, ahora quieren despedir 220 trabajadores sujetándose a un Convenio Preventivo de Crisis para pagarles solo el 50% de la indemnización, y sostener 40 empleados para realizar tareas de mantenimiento hasta que la situación del mercado sea más favorable.

Soria sostuvo que «Esta postura irresponsable, especulativa y extorsiva debe ser sancionada, no premiada. Por eso exigimos al gobierno de Mauricio Macri y su Ministro de Trabajo que intervengan en favor de los trabajadores. La próxima audiencia de mediación en el Ministerio de Trabajo de la Nación sería una excelente oportunidad del gobierno para demostrar a Sierra Grande y a todos los argentinos que los derechos de los trabajadores serán resguardados ante los abusos de los capitales ventajeros».