En ese marco la jueza de Ejecución Penal de Viedma, Shirley González, hizo lugar a la aplicación del estímulo educativo fijado en la Ley 26.695 a un interno que cumple una condena de ocho años de prisión por “abuso sexual con acceso carnal agravado”. Está detenido desde 2019 y la sentencia finalizará en 2027.

Para resolver la magistrada tuvo en cuenta la opinión favorable del fiscal, del Consejo Correccional y del área de Educación del penal, órganos que evaluaron la certificación del interno de un curso anual de tapicería, ciclo lectivo 2023 y otro de electricidad en el marco del programa emprender, con una duración semestral.

Entre los fundamentos de la resolución, la jueza de Ejecución Penal de Viedma subrayó la importancia que la educación tiene en el ámbito carcelario que impulsa a los internos a que realicen todo tipo de actividad educativa.

Además destacó que en la Ley aplicada, el legislador implementó un sistema de estímulo que, conforme los logros académicos adquiridos, les reporta a los educandos un beneficio material relacionado con el cumplimiento de las penas.

Agregó que la educación en contextos de privación de libertad es una de las modalidades del Sistema Educativo Nacional destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno, sin limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro punitivo.

Con ese objetivo fue creado un régimen que pretende estimular el interés de los internos al estudio, al permitirles avanzar en forma anticipada en el cumplimiento de la pena a partir de sus logros académicos.

además que las experiencias parecen demostrar que la capacitación en las cárceles disminuye sensiblemente el nivel de reincidencia y aumenta las posibilidades de reinserción social.

En ese maro y en base a las evaluaciones desde el fiscal hasta la dirección del penal y el Consejo Correccional, la jueza otorgó el estímulo educativo contemplado en la Ley y solicitado por el interno.