Esquivel expresó que “es inadmisible que los empleados públicos provinciales y municipales que son rehenes de IPROSS y les descuentan todos los meses sus aportes no puedan tener la cobertura por la cual pagan”.

En los fundamentos del planteo el edil recuerda que la Cámara de Prestadores de Salud de la Zona Atlántica, (CAPRESA) rescindió el contrato con IPROSS, y así “miles de afiliados quedaron sin la prestación de servicios en los centros asistenciales privados” de la región.

Esquivel advirtió que “el cese de los convenios que había con el Sanatorio Austral, la Clínica Viedma y el Policlínico de San Antonio Oeste produce un colapso en los hospitales públicos de ambas ciudades, los cuales no cuentan con los recursos humanos y de infraestructura que son necesarios para sostener el aumento actual en la demanda del servicio de salud”.

Alertó que “el corte de servicio implica que los afiliados deberán costear el pago de las prestaciones médicas, y esperar futuros reintegros que actualmente están demorando aproximadamente 60 días, lo cual conlleva a una pérdida del poder adquisitivo cuando reciben parte del reintegro debido a la situación económica actual del país”.

Por último resaltó que el IPROSS “tiene por finalidad principal, organizar y administrar un seguro integral de salud, brindando cobertura a sus afiliados obligatorios y a todo ciudadano que voluntariamente adhiera al seguro, que a todos los afiliados se le descuenta el pago de la misma todos los meses en tiempo y forma”.