Torres expresó que, «la fiscalía evitó que sea la gente quien decida el caso del policía viedmense imputado por el homicidio de Rolando Vera,en el barrio IPPV en noviembre de 2020, por temor a lo que la gente decida».

Damián Torres abogado del acusado: -“Es una chicana para evitar que el caso cobre notoriedad y se instale el debate en la sociedad. Al no habilitar el Juicio por Jurados, los fiscales cargan a los jueces técnicos con la responsabilidad de interpretar el sentir popular sobre esta cuestión. Teníamos la posibilidad de que fuera la ciudadanía quien manifestara su parecer, pero la decisión de los fiscales han impedido que esto suceda. Pidieron una pena de más de 11 años, menor a 12, que es la que habilita el juicio por jurados en nuestra provincia”.

En noviembre del año 2020, Vera de 16 años, junto a otros jóvenes, ingresaron a robar al domicilio donde viven la madre y el hermano de Mario Huichaqueo, un agente penitenciario de la ciudad de Viedma que se encontraba en ese momento junto a mujer y su hija en otro punto de la ciudad. La casa de la madre de Huichaqueo había sido asaltada recientemente y en varias oportunidades,así cómo otros hogares del barrio. Alertado por la situación por un llamado de su hermano, Huichaqueo se acerca al domicilio y se produce un enfrentamiento con el grupo de jóvenes en la plaza del barrio. Luego llega la policía y Huichaqueo se retira. Los jóvenes lo persiguen y agreden arrojándole piedras y éste responde disparando varios tiros al aire, uno de los cuales rebota y hiere a Vera, quien finalmente fallece como consecuencia de esta herida.

En este punto lo que se discutirá en el juicio es si estamos ante un homicidio culposo (Huichaqueo quiso asustarlos y dispara con esa intención, pero se produce el rebote de la bala que termina en la muerte del joven) En este caso tiene una pena que puede ser en suspenso. La otra posibilidad es que el caso sea considerado como homicidio simple (esto implicaría que Huachiqueo fue conciente de la posibilidad de matarlo y no le importó), y tiene una pena mayor a 10 años y 8 meses.

En este contexto, si la fiscalía pedía una pena de 12 años, el caso debía ir a juicio por jurados. Pero sorprendentemente pidió menos de 12.

Esta situación lleva a preguntarse si cabe la posibilidad de que sea una maniobra técnica para esquivar la intervención del pueblo juzgando este caso. Tenemos en Río Negro una ley de juicio por jurados. ¿Porqué la fiscalía no quiere que sea el pueblo quien juzgue en este caso particular? ¿La repercusión social que han tenido casos similares en nuestro país en los últimos años repercute en las decisiones que toma la fiscalía? ¿Existe temor a que la gente común defienda la actuación de los policías y condene la actuación de los delincuentes?
Serán tres jueces quienes intervengan.¿Porque colocar en esta posición a los jueces técnicos?.

Sin dudas las cuestiones que pone en discusión este caso a nivel de nuestra sociedad son complejas, pero este caso debió ser juzgado por un jurado popular,que permita hablar de la inseguridad, de la vulnerabilidad social y que ponga en evidencia lo que la sociedad piensa, sin subestimar su capacidad para juzgar.

Existe una ley que garantiza que así sea, es momento de que la ciudadanía acceda efectivamente a esa posibilidad», dijo Torres.