El Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar opinó de las declaraciones efectuadas por Juan Carlos Scalesi titular de UPCN sobre las sumas salariales en negro que acordó en la Función Pública para el aumento salarial de este año,se refirió también a los conceptos salariales no remunerativos del incremento firmado recientemente.

«Es un disparate que un dirigente gremial defienda las sumas en negro e ilegal que un Gobierno las pague a sus trabajadores. Los conceptos salariales no remunerativos perjudican de manera directa a los trabajadores, pero indirectamente también a toda la comunidad. En este caso, a las rionegrinas y rionegrinos porque con este accionar se desfinancian el Instituto Provincial de Seguridad Social (IPROSS) y a la Administración Nacional de Servicios Sociales (ANSES)», comenzó Rodolfo Aguiar y continúo.

«El Estado aporta a la obra social provincial por salarios que no son reales y esto provoca permanentes problemas financieros, además de exponer a los afiliados a recurrentes cortes de servicios y falta de prestaciones. El Gobierno también evade de esta manera aportes al sistema de seguridad social y todos estos son fondos que deberían ser reintegrados a la comunidad en obra pública».

«Este año los trabajadores dejarán de percibir aproximadamente $30.000 de bolsillo sumando los 12 meses, si estas sumas hubieran sido incorporadas al ingreso básico, ya que otros ítems salariales como zona y antigüedad se calculan sobre ese básico que seguirá sin modificarse. Antes de este aumento, el 60% de la estructura de cualquier recibo de haberes de un empleado público en la provincia estaba en negro. Ahora ese porcentual será mayor».

«El Gobierno en el momento de otorgar estas sumas salariales en negro, decide violar la ley. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ya han prohibido en sus fallos a los Estados otorgar aumentos salariales no remunerativos o en negro».

«No descartamos recurrir a la Justicia para demandar que esas sumas sean incorporadas al salario básico y que el Estado realice todos los aportes que la legislación exige».