“El Presidente, jefe de Gobierno porteño y los gobernadores que no lo hayan hecho deben dar una señal. La deuda contraída bajo legislación extranjera y la emergencia sanitaria no pueden funcionar como excusas para evitar recomponer los ingresos de todos los empleados públicos», analizó el dirigente nacional en un contexto donde se reestructuraron 108.000 millones de deuda, tanto pública como privada.

Aguiar reafirmó que «la discusión salarial es urgente ya que todos los plazos se encuentran vencidos”, sosteniendo que “se deben lograr entendimientos a pesar de las graves consecuencias que genera la pandemia del coronavirus». «Los datos sobre la pérdida de poder adquisitivo durante los últimos cuatro años son elocuentes y no pueden ser confrontados. Es el propio Estado empleador el que reconoce durante ese período una depreciación en los sueldos públicos del 36%», agregó. En el lapso que va desde noviembre de 2015 hasta mayo de 2020, la inflación acumulada fue de más del 350%.

En esta línea, el adjunto de ATE resaltó la importancia del sector en tiempos de crisis sanitaria, social y económica como el que estamos viviendo: «La pandemia demostró la centralidad que tiene el Estado y la esencialidad de sus trabajadores para brindar atención y contención a todos los sectores afectados. Desde los avocados a la salud, quienes arriesgan sus vidas y en la actualidad se encuentran extenuados, hasta aquellos que prestan servicios en el resto de las áreas de la administración y que debieron garantizar políticas para paliar las necesidades de quienes se mantienen en la informalidad, los comercios, las pymes, así como otras prestaciones y programas que contemplen a los sectores populares».

El referente estatal señaló que «se tiene que reparar el daño infligido por el macrismo, que bajó y ajustó los ingresos de toda la población” y afirmó que “plata para ello hay, sólo que los gobiernos la tienen que buscar en aquellos sectores privilegiados que acumularon fabulosas ganancias en el último tiempo».

«Si bien el acuerdo alcanzado con los principales bonistas extranjeros no brinda una solución estructural a los problemas económicos de la Argentina, significa un alivio importante en los compromisos de pago que permite al Gobierno gastar con mayor respaldo. La presentación del proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas también permitirá cierta reactivación, aunque hubiéramos preferido que sea un tributo de carácter permanente. En las provincias y distritos se deben pensar en crear ingresos genuinos que partan de aumentar los impuestos a las petroleras, energéticas, bancos privados, grandes complejos agropecuarios, casinos y salas de juego», analizó el sindicalista. El acuerdo alcanzado con los bonistas significa un alivio financiero de 59.600 millones de dólares para los próximos 4 años, mientras que con el impuesto a las grandes fortunas esperan recaudar cerca de 300 mil millones de pesos.

«Los estatales hemos realizado hasta aquí enormes esfuerzos y comenzamos a sentir que no estamos siendo debidamente reconocidos o compensados. El proceso inflacionario aunque se ha desacelerado, continúa», concluyó Aguiar. Desde el sindicato, exigen un llamado a paritarias inmediato para frenar la pérdida del poder adquisitivo.