El Plan tiene en cuenta las restricciones presupuestarias vigentes, que se establecieron el último trimestre del año pasado y prorrogada por el STJ para todo este año.

Las actividades de capacitación se segmentaron “en categorías temáticas, con la intención de facilitar el acceso a la oferta formativa”.
Las actividades obligatorias se diferencian entre aquellas dirigidas a ingresantes -en tanto constituyen un programa de formación básica-, de aquellas que lo son para todos los integrantes del Poder Judicial. Se trata en muchos casos de capacitaciones establecidas por normas, como la denominada Ley Yolanda.

Además, se continuará con el desarrollo del Programa de Extensión, cuyo objetivo esencial es el de constituir lazos con otros actores de la comunidad.

El Plan incluye formación para los diferentes fueros. Por ejemplo, en el ámbito penal, se prevén cuestiones de acceso a justicia de niños y niñas víctimas o testigos de violencia sexual, junto a Unicef; también habrá capacitaciones sobre cuestiones prácticas y lenguaje claro en los juicios por jurados. En el fuero de familia, por su parte, habrá formaciones sobre Derecho de Familia, adopción, entre otras cuestiones. También la mediación tendrá talleres específicos.

Además, se realizarán capacitaciones en ciencias forenses, Cámara Gesell, evidencia digital.
Se prevé, asimismo, actividades de extensión en el marco de convenios con Educación, como simulacros de juicios por jurados y talleres de prevención del delito de grooming.