Al igual que Rodolfo Aguiar, su predecesor en el cargo y hoy secretario adjunto de ATE nacional, Vicente demandó la modificación del artículo 3 de la norma, para que resulte obligatoria entre todos sus pares.

Vicente informó para el período 2019 un ingreso mensual bruto como trabajador de la obra social de los jubilados (PAMI) de $94.132,14, que en valores netos significa $73.706,68.

“Estamos construyendo una conducta en ATE Río Negro. Queremos recuperar la confianza de la sociedad en los sindicatos. Para eso debemos someternos a controles y alejarnos de los vicios del sindicalismo empresario y millonario”, señaló Rodrigo Vicente.

“Nosotros solicitamos que se modifique el artículo 3 de la ley 3550. Este es un obstáculo para pasar de la voluntad a la obligatoriedad en la presentación de la declaración jurada de bienes y servicios. Queda en mano de los legisladores”, agregó Vicente.

El dirigente declaró la titularidad de un lote en la ciudad de General Roca, adquirido en junio de 2014 por $40.111, y otro en el departamento de Junín de los Andes, adquirido en diciembre de 2018 por $204.156. Vicente es además dueño de un auto modelo 2016 valuado en $639.500.

Por último, Vicente reclamó que los Funcionarios Públicos, quienes por imperio de la ley sí están obligados a una presentación similar, lo hagan en detalle y de manera pública. Hasta ahora se pueden hacer a sobre cerrado.