La Municipalidad de Viedma amplió este miércoles la denuncia por usurpación y solicitó en la Fiscalía que se arbitren las medidas necesarias para evitar nuevas usurpaciones en las otras viviendas que también construye la comuna.

La presentación, realizada bajo la modalidad de denuncia penal, fue realizada por Pedro Sánchez como Secretario de Gobierno ante la Unidad Fiscal Temàtica Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial.

Asimismo, el Municipio ratificó el compromiso con los 382 vecinos “legítimos y legales” adjudicatarios del barrio 22 de abril, cuyos derechos fueron momentáneamente cercenados por los usurpadores que, utilizando la violencia contra los cercos y las viviendas, ocuparon las casas.

“La sociedad nos mira, así como las muchas familias de nuestra ciudad que necesitan una solución habitacional y necesitan un mensaje claro que la legalidad es el camino”, afirmaron.

En este marco, la comuna mantuvo dos encuentros con representantes de los vecinos perjudicados. Primero en el edificio de Desarrollo Humano, donde los vecinos firmaron la adhesión a la denuncia presentada por el Municipio de Viedma.

Ya son decenas los vecinos que acompañaron con su firma las presentaciones judiciales realizadas por la Municipalidad. Otros, además, hicieron denuncias como perjudicados directos.

Luego funcionarios mantuvieron una reunión en el Histórico Edificio Municipal, donde expusieron las acciones emprendidas y ratificaron la postura de defender a los legítimos adjudicatarios.

En este marco, el Municipio aseguró que es imprescindible que la sociedad tenga señales claras de los distintos poderes del Estado, de las instituciones, de los representantes y de los partidos políticos sobre la condena a las usurpaciones y la defensa del interés público, de la legalidad sobre la fuerza. “En este caso, está claro que la legalidad corresponde a las 382 familias que pacientemente están esperando la finalización de la obra”, aseguraron.

Por otra parte, la comuna mostró su preocupación por la repetición de este tipo de situaciones que atentan contra cualquier posibilidad de planificación por parte del Estado de soluciones habitacionales.

Por último, desde el Municipio aseguraron que “este tipo de maniobras impide la prosecución de las obras y con ello ponen en serio riesgo las fuentes laborales afectadas a estos trabajos, multiplicando los problemas sociales”.