Desde hoy el camarista laboral de Viedma, Gustavo Guerra Lavayén, está suspendido en sus funciones.

En la reunión de este lunes el diputado Luis Pica fue el encargado de plantear la suspensión del camarista fundamentando la necesidad de “preservar la institucionalidad, el sostenimiento del servicio de justicia y la salud del proceso”.

Agregó que de esta manera Guerra Labayén tendrá más tiempo para ejercer su defensa, aclarando que esta suspensión no significa “una condena anticipada ni un prejuzgamiento”.
Esta medida que se mantendrá hasta que finalice el proceso de investigación que se le sigue al magistrado, contó con la mayoría de los votos.

La camarista Luján Ignaci se opuso a la suspensión al considerar que “es una medida desproporcionada” y que “no hay una razón objetiva para impedir que el juez continúe trabajando. Carece de la prudencia necesaria”.

Por su parte el diputado Juan Martín que participó por zoom adhirió a lo manifestado por Ignaci, entendiendo como “excesivo e imprudente lo que está ocurriendo” y que “ a todas luces es un problema entre los abogados y el juez”.

Consideró que “lo que llamó la atención es que el juez probablemente de una manera desubicada en una sentencia eligió hablar de algunos abogados que están de los dos lados del mostrador. Esa incomodidad que ha generado es lo que los motiva hoy a ir a fondo en contra del juez y me parece que lo que está haciendo el legislador Pica es ir más allá de las funciones y de la Constitución para cargarse a un juez”.

“NO NECESITAN QUE LA POLITICA LOS DEFIENDA”

Pica también propuso que la Auditoría General evalúe las actuaciones no sólo de Guerra Labayén sino de los otros dos integrantes de la Cámara Laboral de Viedma –Rolando Gaitán y Marcelo Valverde- en relación a un fallo reciente en el que al margen de la resolución de fondo pidieron la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Fiscalía de Estado para que investiguen el accionar de abogados que cobran como empleados estatales y también por litigar contra el Estado.

En esta moción que fue aprobada por mayoría, el legislador Pica consideró que en el fallo laboral en cuestión “hubo un exceso. Se nombraron personas que no estaban en el expediente” y “si un funcionario advierte sobre la comisión de un delito debe ir a sede penal”.

Por su parte la jueza Ignaci se mantuvo en una posición contraria generando el tramo más álgido del debate al señalar que “llama la atención que veamos el exceso en un sentencia y no en nuestras propias medidas. No veo que en ese fallo se esté identificando un delito (respecto de los abogados). En todo caso lo que está haciendo la Cámara mandando las actuaciones a

la Fiscalía de Investigaciones Administrativas -órgano que tiene la obligación de investigar- es para establecer si hubo una actuación irregular que pudo traer un perjuicio al Estado. Pero no veo que acá tenga que haber un delito. No todas las actuaciones de la Fiscalía de Investigaciones terminan en una denuncia penal”.

Además agregó que las personas mencionadas en ese fallo “son abogados lo que da una protección propia. Ellos no necesitan ni que la política los defienda. Todos ellos podrían denunciar a los camaristas laborales . No comparto esto de una investigación de la Auditoría General”. Y se abstuvo.

Esta manifestación generó la reacción de Pica que aclaró que “no vine a defender a nadie pero debe investigarse si hubo disfuncionalidad en esta sentencia que creo que la hubo porque los oficios a aquellos órganos de control se libraron cuando aún la sentencia no está firme”.

La reunión de ayer del Consejo de la Magistratura estuvo convocada, en principio, para analizar si se elevaba o no a consideración del Superior Tribunal de Justicia la recusación contra los abogados viedmenses que integran el Consejo de la Magistratura por haber presentado la denuncia e integrar esta órgano juzgado. En este caso hubo unanimidad en no admitir ese elevación al máximo órgano judicial.