Este tipo de situaciones no hacen más que generar indignación en la sociedad.
En un país donde miles de ciudadanos luchan a diario por llegar a fin de mes, resulta inaceptable que el Estado destine recursos públicos para sostener a un magistrado que no trabaja.

La imagen de un juez cobrando sin cumplir funciones durante casi un año es un golpe directo a la credibilidad del sistema, lo que se torna aún más escandaloso si consideramos que el Juez solo tiene como objetivo inmediato dilatar el normal funcionamiento del consejo.

La gravedad del caso se agrava aún más cuando se advierte la complicidad de la política partidaria en obstaculizar el avance del proceso. Tal es el caso del flamante integrante del Consejo de la Magistratura por la minoría legislativa, el parlamentario Juan Murillo Ongaro, representante del macrismo en la Legislatura de Río Negro.

Gustavo Guerra Labayén

En un giro sorpresivo y con argumentos absolutamente contradictorios respecto de los que sostuvo apenas unos días antes, en la sesión del Consejo del pasado 21 de mayo, el legislador intentó borrar con el codo lo que había escrito con la mano.

Lo cierto es que Murillo decidió meter de lleno a la política partidaria en el juego dilatorio del juez Guerra Lavayén, alimentando así la sensación de impunidad y falta de transparencia que percibe la ciudadanía.

El intento de demorar el juicio político importa lisa y llenamente una burla a las instituciones.

Hasta cuándo puede prolongarse este limbo institucional? ¿Quién asume el costo de la inacción? El caso del juez Guerra Lavayén expone a un sistema que, amparado en normas que ya no responden al sentir social.