El ministro Domingo decía esta mañana que las obligaciones fiscales de la provincia -en tanto agente de retención, y la consecuente aplicación del IVA sobre los salarios- es una especie de ‘regularización’ de situaciones pendientes que marcan las leyes nacionales y aclaraba que “ninguna provincia puede modificar una ley nacional”, olvidándose lo que hizo el mismo gobierno provincial en la modificación de la Ley de Función Pública, violando la legislación nacional vigente en cuanto a las representatividades sindicales a partir de la cantidad de afiliados. O sea, para variar, el gobierno rionegrino interpreta la ley (incluida la Constitución) no en un sentido de transparencia y estricto cumplimiento de las condiciones legales, que sería lo propio de una gobernanza responsable, sino de acuerdo a su conveniencia coyuntural. Ahora la excusa es la ‘colaboración’ con el equilibrio fiscal al se comprometió con el gobierno de Macri, cuestión de la que no se habló a los ciudadanos antes de las elecciones provinciales.

El proyecto elevado a legislatura para aprobar el agregado al pacto fiscal firmado por Weretilneck en 2017 con el gobierno nacional, no es otra cosa que otro término del ‘ajuste’ que recae sobre los salarios y es para hacer frente a la enorme e irresponsable toma de deuda que más que “respaldar las prioridades económicas del Gobierno, que incluyen fortalecer la economía argentina y proteger los niveles de vida del pueblo argentino” , tal y como declaraba el FMI el año pasado, se usaron para favorecer la estampida de dólares a través de la bicicleta financiera.

La campaña proselitista finalizó, el uso de las mentiras y el ocultamiento de la verdad (cosas parecidas pero con matices diferenciadores) como captador de votos también. Se nota. Los trabajadores lo notamos enormemente.