La merma en la actividad provoca además fuertes caídas de las recaudaciones provinciales en concepto de regalías.

La situación del complejo empresarial hidrocarburífero transita una etapa crítica. La paralización de las actividades como consecuencia del aislamiento preventivo, social obligatorio acumula una caída aproximada del 70% en el consumo de combustibles. La parálisis provocada por la pandemia de Coronavirus, se agrava además en correlato con la caída del precio internacional del crudo que durante marzo llegó a cotizar a valores negativos.

De acuerdo a las estimaciones de las principales operadoras, la baja en la productividad rondaría entre un 20% y un 50%.

El diagnóstico forma parte de los fundamentos del proyecto ingresado este miércoles a la Legislatura por el bloque del Frente de Todos que busca declarar la emergencia Pública en materia Hidrocarburífera en Río Negro hasta el 31 de diciembre de este año.

Plantea además la urgente convocatoria a la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos de Renegociación de Concesiones Hidrocarburíferas, y requiere al Ejecutivo provincial “que fomente acuerdos con las empresas proveedoras del sector hidrocarburífero para mantener los contratos de servicios, protegiendo las condiciones y puestos de trabajo”.

El proyecto continúa los lineamientos de la declaración conjunta de los cuerpos legislativos del FdT de las provincias patagónicas conocida días atrás, donde advirtieron un eventual agravamiento de la crisis por “La pérdida de puestos de trabajo en el sector, la baja en los niveles de producción, exploración e inversión, y la merma de los ingresos provinciales por regalías, a partir de la caída del valor del barril de petróleo”.

Este documento llama la atención además sobre “la disminución de uno de los principales ingresos de los que se nutren las arcas provinciales para garantizar los servicios esenciales que deben brindar los Estados – como también afrontar los haberes de estatales – a la vez que pone en vilo el futuro de una de las principales industrias del país”.

“La baja del precio internacional del barril de crudo, sumado al impacto de la pandemia global desatada por el COVID-19 han configurado un escenario complejo para el sector energético en general” resumió la legisladora Daniela Salzotto, “frente a lo cual las empresas han paralizado sus operaciones y discontinuado la cadena de pago”, aseguró, “lo que repercute inmediatamente en las pequeñas y medianas empresas de servicios que son grandes generadoras de trabajo en el Alto Valle Oeste de Río Negro”.

“Las operadoras deben garantizar el pago de salarios en tiempo y forma para todos los trabajadoras directos y los de las contratistas. Si no pueden cumplir con los compromisos laborales con los trabajadores petroleros pues entonces tendrán que devolver las áreas concesionadas”, advirtió Salzotto.

En la provincia operan unas 70 empresas que prestan servicios a la industria petrolera con más de 35 concesiones de explotación hidrocarburífera y permisos de exploración convencional y no convencional.

Solo el segmento de upstream (exploración, perforación, y explotación), emplea a aproximadamente 600 trabajadores, a los que se agregan luego las pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios subsidiarios a la actividad. Esta semana, las firmas nucleadas en la Casepe (Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro) adelantaron que no están en condiciones de pagar los sueldos de abril.

“Por tanto”, concluye diciendo el proyecto, “resulta de gran relevancia elaborar medidas con carácter de urgentes, para prevenir un estallido social, pudiendo plantearse la convocatoria a la comisión de seguimiento hidrocarburífero en la cual más allá de manifestar el diagnostico actual de situación, se logre arribar a acuerdos de protección y cuidado de los trabajadores, de los pagos coparticipados, pudiendo solicitar ante los incumplimientos de las operadores el cese de su concesión de contrato pactado”.