Ningún funcionario público, de ningún poder del Estado, debe permanecer en su cargo cuando está acusado de abusar o ejercer violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

También queremos repudiar la actitud y respuesta del Gobernador Alberto Weretilneck, que relativiza la magnitud del delito en cuestión manifestando que “es un tema privado, no político”. Contrario a esto, afirmamos que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es un problema público, no sólo porque el acusado es un funcionario de gobierno, sino porque todos y todas somos parte de los mecanismos de reproducción de este flagelo. Los intentos de justificación, además de volver cómplice a quién los pronuncia, muestra a las claras la naturalización de la violencia y la desigualdad que sufrimos a diario las mujeres. Es por ello que los Estados, en sus múltiples niveles y poderes, deben abordar prioritariamente este problema en sus agendas públicas.

El Gobierno Provincial viene demostrando la falta de interés y voluntad política de llevar adelante una verdadera política pública de género que ayude a erradicar las violencias. Ello se desprende de la subejecución presupuestaria del área en los últimos años: durante el 2016 sólo ejecutó 15 % del presupuesto destinado a las políticas públicas específicas, como son el funcionamiento del Consejo Provincial de la Mujer o el Programa de Erradicación de Violencia contra las Mujeres, y en 2015 la misma ejecución fue del 2%. Frente a ello la provincia de Río Negro tiene de los indicadores más alarmantes de Argentina; supera en un tercio a la media del país por femicidios. Si en Argentina muere una mujer cada 30 horas en Río Negro registra una cada 26 horas. Según la encuesta que mide la Violencia Machista, que realiza el colectivo Ni Una Menos, en Río Negro arrojó por ejemplo que un 100% de las encuestadas mencionaron que fueron víctimas de acosos tanto en espacios públicos como privados.

El caso López se agrava aún mas si tenemos en cuenta que no es la primera vez que un funcionario de nuestra provincia se encuentra involucrado en este tipo de delitos, y en algunos casos siendo víctimas mujeres o menores de edad.

Por todo ello le haremos llegar al Bloque del Frente para la Victoria de la Legislatura Provincial un proyecto de ley que propone en su artículo 1 que “para el acceso a un cargo de funcionario público de rango jerárquico, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, será una condición necesaria y obligatoria no contar con sentencia desfavorable por casos vinculados a violencia contra una mujer, niños, niñas y adolescentes, como a cualquier miembro de su familia”.

En el Artículo 3 de nuestro proyecto proponemos que “cuando el autor o responsable con sentencia desfavorable por casos vinculados a violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes o alguien de su familia, sea un funcionario público en ejercicio de sus funciones, será destituido del cargo e inhabilitado para el desempeño de cargos públicos por el doble de tiempo que el de la condena que le correspondiere”.

Siguiendo la ley nacional 26.485, en el Articulo 4 establecemos “que la autoridad de aplicación de la presente ley será el Consejo Provincial de la Mujer o el organismo que lo reemplace en sus funciones en el futuro”. Este Consejo provincial en coordinación con el poder judicial otorgará a partir de este proyecto, el Certificado de Antecedentes de Violencia en razón de Género y Familia. El monto del arancel que deberá abonarse por la tramitación del Certificado de Antecedentes de Violencia de Género y Familia será fijado por la reglamentación. Los fondos recaudados por el pago del arancel para tramitar el Certificado de Antecedentes de Violencia de Género y Familia, serán destinados y administrados por el Consejo Provincial de la Mujer, para la creación y/o construcción de hogares de refugio de emergencia para las mujeres víctimas de violencia. En el articulo 8 proponemos finalmente la creación en el ámbito del Consejo Provincial de la Mujer del Registro Provincial de Antecedentes por Violencia de Género y Familia.

En razón de todo lo expresado con antelación, reiteramos nuestro pedido de renuncia a Rubén López, repudiamos la actitud del Gobernador y de todo aquel funcionario que maltrate el problema que sufrimos todas las mujeres. Exigimos que el Consejo Provincial de la Mujer se exprese en relación a los hechos delictivos en los que se encuentra involucrado un Legislador Provincial. Así como también reclamamos por su parte el diseño y aplicación de políticas publicas establecidas por Ley en todas y cada unas de las localidades de nuestra Provincia.

Firman: Concejala Ana Marks (FPV-Bariloche); Concejala Verónica Mort (FPV-Choele Choel); Concejala Ornella Maglione (FPV-Cinco Saltos); Concejala Verónica Porrino (FPV-Choele Choel); Milena Maglione, militante peronista de la Cámpora Cincos Saltos; Marianela Velásquez, militante de la Cámpora Villa Regina; Daiana Neri, militante de la Cámpora Roca – Fiske; Celeste Ratto, militante de la Cámpora Bariloche; Guillermina Lopata, militante de la Cámpora Luis Beltrán; Marisa Sarroca, militante de la Cámpora El Bolsón; Carolina Gallardo, militante de la Cámpora Villa Regina.