A través de un comunicado de prensa el bloque del Frente de Todos rechazó lo actuado por la Fiscalía en el caso de una joven viedmense acusada de haber incurrido en una práctica ilegal, hecho que finalmente resultó ser falso.

El proceso se originó tras la denuncia, al parecer formulada por una de las operadoras del sistema de atención a las víctimas de violencia de género, dependiente de la Secretaría de Igualdad de Género del Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, que fue admitida -sin mayores medidas de prueba- por un fiscal que ordenó allanamientos, ignorando la vigencia de las normas que regulan la interrupción legal del embarazo (ILE).
En este sentido, los legisladores señalaron que “la actuación de la Fiscalía, enfatiza la criminalización y persecución de las mujeres, dando curso a una investigación cuando no se configuró un delito”.

“A pesar de la vigencia plena de los marcos normativos”, expresaron, “existen barreras concretas para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos de las mujeres, en la búsqueda de reparar, limitar, sancionar y erradicar las violencias sexistas que padecen”.

A juicio de los parlamentarios, el hecho “desnudó la fragilidad de las políticas públicas en materia de género en nuestra provincia y la falta de recursos humanos interdisciplinarios y formados que intervengan en la problemática”.

Ante la denuncia, fueron las propias autoridades de Salud Pública quienes debieron aclarar que la intervención practicada había sido legal, conforme a la normativa vigente para estos casos.

La joven se encontraba bajo seguimiento del sistema de atención a las víctimas de violencia de género desde hacía más de un año, cuando solicitó la interrupción legal de un embarazo incipiente, la cual se le practicó al amparo de la Ley, como resultado de la intervención de instituciones del Estado.

“La perspectiva integral de estas normativas, abordan miradas sobre la salud, que incluyen aspectos físicos, emocionales y psicosociales. Garantizar este derecho en condiciones de cuidado y protección, es una responsabilidad indelegable del Estado”, señala el comunicado.

En el texto, el bloque legislativo puso además de manifiesto su “profunda preocupación” por los discursos y políticas contradictorias con las que organismos del Ejecutivo Provincial y el Poder Judicial abordan estas situaciones, lo que sume en la más absoluta indefensión a sectores vulnerados de nuestra sociedad.

Finalmente el comunicado, dado a conocer este viernes, alude a la repercusión mediática que alcanzó el caso, que no coincide con lo que realmente sucedió, volviendo a victimizar a una joven en situación de vulnerabilidad, violentando el derecho a su privacidad y manipulando la información con un claro posicionamiento anti-derechos.

Es imprescindible que el estado rionegrino fortalezca su necesario compromiso con estas demandas asumiendo responsabilidades públicas que apunten a respetar y proteger derechos para incidir en la modificación de patrones culturales que perpetúan las violencias machistas”, concluye el comunicado.