El propio gobierno nacional, impulsor del bono, dijo que era ‘una medida de alivio’ para ‘alivianar’ la pérdida salarial generada a raíz de la descomunal devaluación del peso y la aceleración de la inflación, pero en ningún sentido puede considerarse parte de un incremento que acomode el desfasaje salario/inflación que se hace cada vez mayor.

El poder adquisitivo de los estatales cayó estrepitosamente desde el año pasado hasta hoy. Los precios de todo lo que necesitamos para vivir (alimentos, alquileres, medicamentos, agua, luz, gas, etc) no han dejado de aumentar, mientras que la aguja salarial se mueve muy por debajo del costo de vida desde principios de 2018. El Gobierno debe visibilizar a los miles de compañeros de la Administración Pública con sueldos por debajo del línea de pobreza, con todo lo que eso implica a nivel individual y colectivo.

También los compañeros de las categorías más altas, los profesionales o quienes tienen mucha antigüedad, ven profundamente afectadas sus economías familiares con las rebajas de sueldo que sufrimos los agentes estatales rionegrinos. En este contexto, un bono, es un paliativo temporal y de ninguna manera puede considerarse parte de un incremento de los salarios. El gobierno debería asumir un rol más responsable y no comunicarlo como si fuera un aumento salarial ya que, de hecho, ningún trabajador lo considera de ese modo».