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“El atropello contra Barreno es una demostración de impunidad y soberbia de las autoridades del Poder Judicial”

El bloque del Frente de Todos repudió la acción penal contra el legislador viedmense, iniciada por quien era presidenta del STJ, Liliana Piccinini.

“La Justicia rionegrina avasalla los derechos sindicales y atenta contra la representatividad gremial de quienes defienden a los trabajadores. La citación a audiencia de formulación de cargos contra el secretario general de la Primera Circunscripción del gremio de los Judiciales e integrante de esta bancada, Pablo Barreno, es un claro ejemplo del ataque contra los principios republicanos y democráticos por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial que vulneran las garantías de quienes han sido elegidos mediante el voto para representar a sus pares y a la ciudadanía”.

De esta manera, el bloque que preside María Eugenia Martini repudió “la imputación contra el parlamentario viedmense por parte de la fiscal Maricel Viotti Zilli, en el marco de una causa descabellada que inició quien fuera al momento de la denuncia la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini”.

El Frente de Todos destacó que “Barreno se encontraba el 18 de mayo pasado cumpliendo su función de representante gremial cuando intentó ingresar a las dependencias judiciales para verificar si estaban dadas las condiciones para que sus compañeros de trabajo desarrollaran sus tareas de manera presencial, luego del aislamiento social obligatorio impuesto a raíz de la pandemia”.

Por ello, los legisladores consideraron “irrisorio que se pretenda juzgar y condenar a un sindicalista por cuidar a los afiliados al gremio que conduce” y agregaron que “esta persecución constituye un antecedente gravísimo que debe ser repudiado con contundencia desde todo el arco político, sindical e institucional, en defensa de los derechos de los trabajadores, de los valores republicanos y la sana convivencia democrática”.

La presidenta del bloque María Eugenia Martini aseguró que “este atropello es una demostración de impunidad y soberbia de las autoridades del Poder Judicial, que impulsan esta persecución y hostigamiento hacia quien ejerce la labor de representar a sus compañeros; es una causa insólita que pone en riesgo la institucionalidad”.