Según la Fiscalía, las tres personas abordaron a la víctima, que falleció a causa de una hemorragia externa masiva, y se apoderaron de un teléfono celular, aproximadamente 70.000 mil pesos en efectivo y las llaves de su vehículo.

La acusación refirió que la mujer subió al auto de la víctima y le indicó que se dirigiera hacia el Barrio Álvarez Guerrero donde se detuvieron. Allí lo esperaban los dos hombres que “abordaron el vehículo y en su interior golpearon y agredieron a la víctima con un arma blanca produciéndole lesiones en el cráneo, rostro, cuello y el brazo izquierdo. Fueron estas últimas la que causaron la hemorragia y su muerte”.

“Luego de cometer el hecho, abandonaron el vehículo en el canal del desagüe ubicado en calles 113 y 112 del sector conocido como la Toma 2 de enero”, finalizó la Fiscal.
Como sustento probatorio mencionó que cuentan con la información recabada en el lugar en donde se encontró el vehículo, el acta policial redactada por los primeros agentes que arribaron al lugar, informes médicos, resultados de la inspección, el rastrillaje aéreo y las imágenes de las cámaras del Sistema 911.
Agregó los resultados de las pericias realizadas al vehículo en la sede del Cuerpo de Bomberos de Viedma a donde fue traslado con exhaustivo cuidado y donde se trabajó con el equipamiento que la Procuración General posee para el levantamiento de rastros y huellas; además de diversas testimoniales que incluyen la de familiares de la víctima y vecinos del lugar.
Como sustento probatorio se poseen además, los resultados obtenidos de cuatro allanamientos entre ellos celulares, prendas de vestir, calzado y elementos coincidentes con los que se habrían utilizado para provocarle la muerte y el informe de la autopsia.
La defensa de los tres imputados fue ejercida por Marta Ghianni y el adjunto Adrián Zimermann quienes se opusieron a la formulación de cargos cuestionando parte del sustento probatorio mencionado por la Fiscalía. “No se ha puesto en el lugar y espacio determinado a estas tres personas, no se explicó el reparto de tareas, no existen elementos que los ubiquen allí sólo una mera descripción de elementos”, explicó Ghianni.
El Fiscal Jefe Juan Pedro Peralta respondió que debía rechazarse la petición de la defensa ya que “del minucioso detalle dado por la Fiscal surge que allí se encontraban. Hay tres o cuatro puntos claves entre ellos imágenes de cámaras del 911, elementos secuestrados que habían sido visto por testigos, testimoniales contundentes que se corresponden con otras pruebas indiciarias en esta etapa incipiente de la investigación”.
El Juez de Garantías, Juan Martín Brussino tuvo por formulados los cargos y declaró abierta la investigación por el plazo de cuatros meses.

Prisión preventiva
El Fiscal Jefe Juan Pedro Peralta pidió la prisión preventiva de los tres imputados considerando que para el Ministerio Público Fiscal se encuentra acreditada la existencia del hecho y la participación de los tres imputados.

Destacó que se encuentra latente el riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación ya que restan encontrar elementos pertenecientes a la víctima que no aparecieron.

Además mencionó que deben resguardar a potenciales testigos que ya manifestaron temor para declarar, lo que se vería acrecentado de encontrarse los imputados en libertad.

La Defensora oficial Marta Ghianni cuestionó tal pedido y requirió en cambio la prisión preventiva domiciliaria y controles sobre los dispositivos de comunicación que los mismos utilizan de forma cotidiana.

Brussino finalmente consideró que existen diligencias tendientes a realizar que deben ser resguardadas y que debe evitarse también que los testigos sean influenciados induciendo así su testimonio. “En función de los hechos es altamente probable que los imputados de estar libres que efectúen alguna de estas conductas”, finalizó disponiendo la prisión preventiva por el término de tres meses.