El legislador Luis Noale, acompañado por el bloque de concejales del Frente de Todos de San Antonio Oeste, presentará este lunes una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para que se investigue la actuación de la Fiscalía zonal, a cargo de la fiscal Mariela Coy, en relación al femicidio de Carolina Rivero, ocurrido este viernes en esa localidad.

El parlamentario sanantoniense y los ediles se basan en los dichos públicos de la madre y la hermana de la joven asesinada por su ex pareja, que hacen referencia a la existencia de más de diez denuncias por violencia de género que no habrían generado medidas judiciales que impidieran el trágico desenlace.

“Es impostergable que el Consejo de la Magistratura intervenga en este tipo de situaciones. Si algo quedó en duda en este femicidio es la actuación de la fiscal; por ello, es absolutamente necesario que para gozar de la debida legitimidad que exige el cargo, la funcionaria dé las correspondientes explicaciones de cuáles fueron los mecanismos que articuló y las acciones que instruyó, las cuales fueron evidentemente infructuosas para evitar este doloroso final”, manifestó Noale.

La edil Marcela Dodero reflexionó que “los femicidios interpelan a la sociedad en su conjunto, pero también en particular se debe rever la eficacia de las acciones de las instituciones que se encargan de regir la vida en comunidad, la defensa de la vida y el respeto a los derechos humanos”.

Por su parte, el presidente del bloque de concejales, Guillermo Masch, sostuvo que “la actuación del Poder Judicial no puede quedar bajo un manto de sospecha. Es imprescindible que queden acreditadas debidamente las acciones que se llevaron adelante, qué intervenciones hace la policía, qué tratamiento se le da a una denuncia, qué eficacia registran las medidas dispuestas, quienes controlan las cautelares interpuestas y cuánto se demora en implementarlas”.

La concejala Vanesa Carmona, destacó que “la familia de Carolina y toda la comunidad merecen una respuesta, para que el Poder Judicial pueda contar con la legitimidad que requiere la prestación del servicio de Justicia, base fundamental para la sana convivencia ciudadana”.