«La flexibilización laboral ya está en marcha en Río Negro. Esto se evidencia en la acelerada disminución de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. El Gobierno plantea una distribución regresiva del ingreso, beneficiando a los sectores más concentrados de la economía», señaló el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar y remarcó: «Si analizamos el ciclo actual de endeudamiento y sumamos la idea de Weretilneck de recurrir a financiamiento externo, se abren varios interrogantes sobre la sustentabilidad futura de la provincia».

«El actual contexto es de profundización del disciplinamiento de los trabajadores y sus organizaciones. Los despidos, la caída del salario real y la represión de dirigentes y activistas son manifestaciones del proceso de ajuste», caracterizó Aguiar y completó: «Este proceso incluye una avanzada sobre la negociación colectiva y por eso tenemos a un Gobernador empecinado en eliminar las paritarias y cada vez más enamorado de los decretos».

La medida de fuerza se inició anoche con gran acatamiento en toda la Administración Pública, y las estimaciones anticipan una adhesión promedio del 85% en la mayoría de los sectores estatales y en todas las localidades. Con el correr de las horas, las distintas Seccionales irán informando sobre el acatamiento conseguido en cada zona de la provincia.

Cuando apenas comienza el día, los estatales ya realizan también numerosos cortes de calles, los que se extenderán hasta pasado el mediodía.

De esta manera, el gremio se manifiesta en las puertas de las oficinas de Rentas impidiendo su funcionamiento en Viedma, Villa Regina, General Roca, Allen, Cipolletti, Cinco Saltos, Catriel y El Bolsón, mientras que las actividades previstas en el resto de las localidades serán comunicadas a media mañana.

Militantes del sindicato tienen previsto entregar a los contribuyentes que lleguen hasta las Delegaciones recaudadoras y se vean impedidos de realizar todo tipo de tramitación, un volante con un detalle de las principales demandas de los empleados públicos y el estado actual de deterioro de la mayoría de los servicios públicos.

La entidad gremial rechaza el tope del 17% de aumento que intenta imponer el Poder Ejecutivo provincial y demanda una recomposición salarial del 40% retroactiva al mes de enero como única posibilidad de mantener el poder de compra existente un año atrás.

Desde ATE se cuestiona además el recorte de gastos impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck, ya que el mismo impacta de manera directa sobre las prestaciones básicas (Salud, Educación, Desarrollo Social y Seguridad, entre otras).

Por último, el gremio considera que el ciclo de endeudamiento que atraviesa la provincia, sumado a la idea del Plan Castello, abren serios interrogantes sobre la sustentabilidad futura.