La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) alerta a toda la comunidad rionegrina que, cuando faltan 10 días para fin de mes, el Gobierno que encabeza Alberto Weretilneck aún no ha convocado al diálogo a la entidad sindical.

Cabe recordar que el Congreso anual del gremio, que se llevó a cabo en la ciudad de Villa Regina, con la presencia de más de 400 delegados, votó por unanimidad suspender todas las medidas de fuerza en el Estado provincial y otorgar un plazo de un mes para que el Poder Ejecutivo convoque formalmente al sindicato.

Dicho Congreso también contempló la posibilidad, si la instancia de diálogo no existe antes de la fecha prevista, de lanzar un paro total de actividades durante 24 horas para el próximo 31 de mayo, con acampe frente a la Casa de Gobierno en la capital provincial.

«Es evidente que el Gobierno Provincial habla de diálogo para afuera pero, hacia adentro posee un autoritarismo cada vez mayor. La polémica se termina. Ahora Weretilneck no tiene excusas y queda claro que es el propio Gobierno el que no privilegia una convivencia pacífica y sin discriminaciones», explicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro y remarcó que “no hemos tenido novedad sobre nuestro pedido de audiencia y faltando sólo 10 días para que se venza el plazo otorgado por nuestro Congreso, la realización de un paro de 24 horas y un acampe en Viedma se fortalece».

Queda saldada la polémica que desatada cuando importantes sectores del Gobierno cuestionaron al gremio por sus metodologías de protesta y aseguraron que se trataba de una organización muy poco propensa al diálogo.

Las principales demandas de los estatales provinciales son:

Reapertura de las paritarias y aumento salarial para el segundo semestre del año.
Fin de la precarización laboral e inmediata regularización de los becados.
Pago de la indumentaria.
Incorporación de las sumas no remunerativas al básico y devolución de lo retenido por aplicación de la Ley 4.640.
Eliminación del impuesto a las Ganancias sobre el Salario.
82% móvil para todos los jubilados.
Derogación de la ley antiterrorista y desprocesamiento de todos los dirigentes sindicales y sociales.