El plazo de suspensión previsto inicialmente fue modificado, pasó de un año a seis meses. El bloque del Frente de Todos no adelantó su postura.

La presidente del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini, y el Procurador Jorge Crespo expresaron en la reunión su apoyo al proyecto. Ante algunos cuestionamientos del Frente de Todos, Piccinini aseguró que el proyecto contempla el respeto a las garantías constitucionales tanto de las víctimas como de los imputados. Indicó que la suspensión de la modalidad de juicios por jurados, en las circunstancias que se están atravesando, “no tendría absolutamente ningún reparo de constitucionalidad y sería una medida que goza de razonabilidad”. Consideró que el recaudo de tiempo tomado es razonable.

Por su parte, Crespo opinó que el proyecto “es viable” y aclaró que se trata de una suspensión temporal, que el juicio por jurados se encuentra suspendido de facto y lo que se busca es avanzar dentro de lo que la pandemia lo permite, teniendo en cuenta las diferentes condiciones epidemiológicas en la provincia, para que se habilite la posibilidad de que puedan juzgar los jueces técnicos, siempre dentro del sistema acusatorio.