Se trata de la primera tanda de los 3055 agentes enmarcados en la ley 5354 que puso fin a la precarización laboral en el Estado, y que concursaron, rindieron examen y transitaron los circuitos administrativos correspondientes.

De la reunión participaron también Rodrigo Buteler, ministro de Gobierno y Ciudadanía; Jorge Stopiello, secretario de Trabajo; Rodrigo Vicente, secretario general de ATE; Leticia Lapalma, secretaria adjunta de ATE; y Rodolfo Aguiar, secretario adjunto nacional de ATE.

«Se trata de la primera reunión institucional que hemos mantenido con la gobernadora desde que se inició el aislamiento obligatorio, y creemos que la misma ha sido positiva, toda vez que nos permite mostrar que la pandemia ha frenado muchas actividades, pero no los avances en materia de derechos laborales. El proceso de pase a planta tiene plena continuidad y ya en los próximos días se firmarán los decretos que aseguran las primeras 600 incorporaciones», señaló Rodrigo Vicente.

«Hemos planteado una preocupación central, que es la salud de todos los trabajadores estatales que prestan servicios durante la cuarentena, y se nos garantizó que la provisión de insumos y elementos de protección personal será inmediata y tendrá regularidad en todas las áreas afectadas a la emergencia», agregó el dirigente.

En este sentido, Vicente solicitó la cobertura plena de los trabajadores hospitalarios, pero también de aquellos que desarrollan tareas en la SENAF, Desarrollo Social y Educación, como así también en otras áreas con guardias mínimas, exceptuadas en el decreto de aislamiento preventivo, social y obligatorio.

Al respecto, Buteler aseguró que el Gobierno está trabajando en nuevas licitaciones y que es una de las responsabilidades principales en estos días.

En otro orden, ATE demandó una compensación para los trabajadores de otras áreas como la atención de niños, adolescentes y adultos familiares; aquellos en guardias mínimas o quienes garantizan módulos alimentarios.

Creación de un voluntariado para el control de precios

La gobernadora y ATE acordaron la creación de un voluntariado constituido de dirigentes, delegados y militantes del sindicato, que controlarán los precios de bienes de consumo en toda la geografía provincial.

El objetivo apunta a detectar y denunciar sobreprecios en las grandes cadenas de supermercado, pero también en los comercios de cercanías.

El ministro Buteler será el encargado de gestionar los permisos necesarios para ejercer esta tarea en los establecimientos y poder circular correctamente acreditado en la vía pública.