Así lo dispuso el juez de juicio, Carlos Reussi, al rechazar el planteo de la fiscal Paula De Luque que pidió que se dejara sin efecto la prisión domiciliaria de Barrera en Patagones dispuesta por el juez, Adrián Dvorzak, y que el imputado regrese al control del Servicio Penitenciario Provincial.

En la audiencia de este martes se sumaron dos situaciones. Por un lado, la presentación del abogado Diego Saquetti como querellante en representación de Verónica Paredes, mamá de la víctima. Y por el otro la presencia de dos madres: la del imputado y la del adolescente asesinado, en medio de un público nuevamente numeroso en apoyo de Barrera.

La fiscal fundamentó su pedido en que la decisión de Dvorzak fue arbitraria y contradictoria al considerar que la libertad controlada que otorgó es ineficiente y que aún se mantiene el riesgo procesal que fue eje para dictado de la prisión preventiva en un penal.

Sostuvo que en el caso de Barrera no corresponde una detención domiciliaria que ni siquiera fue constatado el lugar en Patagones donde la cumple.

De Luque cuestionó también que la entrega del arma presuntamente homicida seis días después del hecho haya sido considerada por Dvorzak como una razón favorable respecto de la disminución del riesgo procesal.

“El control del Estado en una domiciliaria no es lo mismo, más aún en otra provincia”, sostuvo al agregar que “más allá de la gente en el auditorio que aplaude esto tiene un efecto confuso que suma a la reticencia y al miedo de los testigos que hablan de la presión que también genera que Barrrera pertenezca a la Uocra”.

Para la fiscal “esta domiciliaria diluyó el control del Estado y aumentó el riesgo procesal” destacando que “no se puede olvidar que un joven de 16 años perdió la vida”.

El abogado querellante adhirió al planteo de la fiscal mientras que Damián Torres como defensor de Barrera se opuso y sostuvo ante el juez de juicio los fundamentos de la domiciliaria con los que finalmente el magistrado coincidió.

SIN RIESGO

En el final de la audiencia, Reussi sostuvo que las medidas cautelares como la prisión preventiva tienen la finalidad de asegurar los fines del proceso. “En ese sentido no está discutido en nuestro ámbito la posibilidad de una prisión preventiva domiciliaria ni tampoco que sea cumplida en Patagones”, sostuvo el juez de Juicio.

Destacó también que el sistema procesal exige a los operadores el respeto por las libertades y concluyó que “no veo en modo alguno los motivos a través de los cuales la fiscalía puede sostener que el estado actual de las cosas dadas por la decisión del 23 de mayo del juez Dvorzak genere un riesgo que acuda en perjuicio de la investigación”.