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Barreno celebró que la causa en su contra iniciada por Piccinini se haya archivado

El Ministerio Público Fiscal resolvió archivar la causa impulsada contra Pablo Barreno, actual legislador del Frente de Todos y Secretario General SITRAJUR 1ra. Circunscripción Judicial.

Pablo Barreno

Barreno expresó que fue una «persecución hacia mi persona por Liliana Piccinini, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro».

«En los fundamentos de esta decisión es posible vislumbrar la verdadera naturaleza de lo que fue, a todas luces, un absurdo jurídico direccionado a disciplinar, acallar y perseguir no sólo puntualmente a un trabajador, sino también a las organizaciones del movimiento obrero y por extensión a todo el campo político.

En sus argumentos, el fiscal jefe Juan Pedro Peralta y la fiscal Maricel Viotti Zilli afirman de manera taxativa que mantienen la convicción «acerca del desacertado criterio mantenido por los magistrados» involucrados en la causa. Revelan, además, que «desde un comienzo el Ministerio Público Fiscal ha querido archivar» la presente acción. Y lo más importante: explícitamente expresan que «una decisión judicial arbitraria» fue la que impulsó la causa hasta esta instancia.

Lo que no explican los fiscales es por qué no hicieron uso de sus facultades en alguna de las instancias anteriores para archivar la causa. Una vez más, la atávica opacidad del Poder Judicial se hace presente en esta contradicción.

«Perseguir más allá de esta instancia un caso que se propuso desde el primer momento para archivo -abundan en su contradicción los fiscales- implicaría dar razón al argumento de la defensa según el cual la actuación del MPF implica persecución política y/o gremial».

Este pasaje es revelador porque valida lo que venimos exponiendo desde el principio: se trató de un intento de consagrar, en términos jurídicos, un método de persecución a los trabajadores/as y sus organizaciones. Y para reforzar esta idea, es preciso aclarar que la voluntad de Piccinini y sus socios judiciales era reformular o impugnar algunas decisiones, para seguir adelante con esta cacería de brujas.

«Por ello se demuestran inviables las supuestas alternativas tanto de reformulación como de impugnación de las decisiones judiciales que hirieron de muerte el presente legajo, por lo que corresponde su archivo…». Este párrafo con el que Peralta y Viotti Zilli cierran el legajo es demasiado contundente como para hacerse el distraido.

El intento de avanzada sobre derechos colectivos consagrados en los textos constitucionales de la Nación y de la Provincia, deja muy expuesta a la jerarquía del Poder Judicial de Río Negro. Este puñado de personas, que viven de espaldas a la sociedad en el manejo de una maquinaria, la judicial, que no cuenta con ningún contrapeso de control ciudadano ni legitimidad popular, expresa la síntesis sepia de un tiempo histórico que estamos dejando atrás.

La sociedad ya no admite un poder del Estado que exprese reminiscencias monárquicas y que sea administrado discrecionalmente, e incluso puesto en función de los intereses políticos de turno.

La gobernadora Carreras también debe dar explicaciones en este sentido, ya que había avalado públicamente la decisión de la fiscal Viotti constiuyendo, de esa manera, una clara intromisión del Poder Ejecutivo sobre la Justicia, afectando así el estado de Derecho y la división de poderes.

De la misma manera, los legisladores de Juntos Somos Río Negro que aportaron los votos para archivar el pedido de juicio político a Piccinini por persecución, quedan teñidos por la misma opacidad que atraviesa al Poder Judicial.

Claramente, Río Negro queda desacoplada del nuevo paradigma que impulsan el presidente Alberto Fernández, la vicepresidente Cristina Kirchner y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, en torno a la transformación filosófica, estructural y normativa que requiere la Justicia.

Tanto el Presidente en la pasada Asamblea Legislativa, como la Vicepresidente en su alegato en la causa Dólar Futuro, dejaron bien claro que van a ponerse al frente de la titánica tarea de ayudar a construir una Justicia democrática, de cara a los ciudadanos, alejada de las persecuciones según los vientos políticos y de las conspiraciones articuladas entre poder político, judicial y mediático.

Claramente la denuncia y la causa en contra de mi persona constituyó un burdo intento de persecución.

Pero ya no hay más lugar en el sistema democrático para estas prácticas y para las personas que las encarnan. Los mismos sectores dentro del Poder Judicial que no se inscriben en esas lógicas mafiosas ya comienzan a ponerle un límite. Y será la sociedad la que le ponga cierre definitivo a una etapa muy oscura de la Justicia.

De mi parte, me van a encontrar siempre del lado de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, dando las batallas que haga falta para mejorar la Justicia de nuestra querida provincia. Ese es un compromiso que no van a poder corromper nunca.