El primero en salir en defensa y respaldo fue el de ATE, que expresó su «solidaridad con el Sitrajur y los trabajadores de la Justicia luego de que la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Liliana Piccinini, intentara coartar la actividad sindical de control de verificación de las condiciones laborales en los edificios de Tribunales.

«Ya no sólo la Justicia busca criminalizar la protesta, sino que además pretende regular la función de las y los representantes sindicales electos bajo el voto democrático y secreto de ciudadanas y ciudadanos trabajadores del Estado rionegrino», señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE.

El sindicato califica de abuso de poder la actitud de Piccinini de labrar un acta y elevarla al Procurador General, Jorge Crespo, para investigar la presunta violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“No es la primera vez que ocurre algo semejante”, agregó Vicente. “Vivimos en un Estado de Derecho: llama la atención que personas formadas desconozcan los más elementales derechos que tenemos las trabajadoras, trabajadores y organizaciones sindicales, obnubiladas tal vez por sus privilegios, su impunidad, su riqueza acumulada que no paga impuesto a las ganancias”.

La comitiva de Sitrajur, acompañada de profesionales de seguridad e higiene, intentaron observar de primera mano eventuales condiciones de precarización. El ejercicio persecutorio de la presidenta del STJ afecta gravemente la organización colectiva de los trabajadores».

Luego, también el Consejo Directivo Central de UnTER manifestó, que «repudia el accionar persecutorio de la Presidenta del STJ, Liliana Piccinini, hacia el sindicato hermano SITRAJUR, al mismo tiempo expresa solidaridad con los compañeros que como sindicato intentaron realizar una verificación de condiciones de trabajo en el medio de la pandemia y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Desde el sindicato de judiciales denuncian que “Estamos ante un claro abuso de poder desde el momento en que toma la irresponsable medida de volver a tribunales sin acordar (como manda la ley) las condiciones de seguridad, higiene y bioseguridad con el SITRAJUR”.

Desde UnTER rechazamos este, y todo tipo de accionar persecutorio y de intento de amedrentamiento hacía los trabajadores. La negociación colectiva es un derecho y un deber del Estado garantizarla, si se realizara cómo corresponde, se evitarían conflictos innecesarios».